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El gobierno porteño presentó su reclamo ante la Corte Suprema por el recorte de la coparticipación

El escrito tiene 97 páginas e ingresó formalmente este viernes a las 10:25 en la mesa de entradas del Máximo Tribunal de Justicia.

Tal como anunció públicamente y en un encuentro privado realizado anoche en la Quinta de Olivos con el presidente Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta interpuso un reclamo ante la Corte Suprema para que se declare inconstitucional la poda de fondos dispuesta por el gobierno nacional.

El escrito tiene 97 páginas, está firmado por María Cristina Cuello y Gabriel Astarloa, representantes de la Procuración de la Ciudad, y califica el recorte en la coparticipación como “inconstitucional, improvisado e intempestivo”.

Fuentes judiciales informaron que la presentación fue realizada a las 10:25 en la mesa general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se tramitará en el expediente digital Nº CSJ 001141/2020.

Los abogados del gobierno porteño pidieron que los miembros del máximo tribunal restablezcan “en forma inmediata” el derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a percibir el 3,50% de coparticipación, vigente hasta el 10 de septiembre pasado.

Ese día, el presidente Alberto Fernández dispuso recortar los ingresos de la Capital Federal y cederlos a la provincia de Buenos Aires para financiar el aumento salarial otorgado a la Policía, que la semana pasada realizó protestas y puso en jaque la seguridad ciudadana.

El petitorio incluye otros tres puntos: que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del decreto presidencial que ordenó la poda; recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro Local que deben ingresar a la Ciudad de Buenos Aires; y como medida cautelar, que se ordene la inmediata suspensión de la aplicación de la norma que significó una reducción en el goteo diario de recursos que el Poder Ejecutivo Nacional realiza en las arcas porteñas.

En otros términos, el recurso pretende que se suspenda el recorte de coparticipación hasta tanto la Corte analice la cuestión de fondo y resuelva -según la interpretación de los abogados de la Ciudad- la inconstitucionalidad de la medida.